Por Gabriel del Puerto
Bajo los adoquines de los muelles históricos de Río de Janeiro aflora una historia relegada durante mucho tiempo a los márgenes del relato nacional. Según la UNESCO, hasta 900.000 africanos esclavizados habrían llegado por el muelle de Valongo. Es allí, más que en los salones reservados de Brasilia o São Paulo, donde conviene empezar para entender la política africana de Luiz Inácio Lula da Silva. Reelegido el 25 de octubre de 2026 con el 51,79 % de los votos emitidos, el presidente brasileño vuelve a una pregunta que él mismo situó en el centro del debate: ¿cómo traducir en hechos el reconocimiento de una historia que vincula tan profundamente a su país con África?
Durante siglos, la travesía forzada del Atlántico suministró mano de obra esclavizada a las plantaciones azucareras del país, a las minas del actual estado de Minas Gerais y, más tarde, a las explotaciones cafeteras del valle del Paraíba do Sul, entre los estados de São Paulo y Río de Janeiro.
El 13 de mayo de 1888, la Lei Áurea, literalmente la «Ley de Oro», abolió la esclavitud. Brasil fue el último Estado independiente de las Américas en hacerlo. El nombre de la ley suena a celebración, pero la fecha recuerda lo tardía que fue la abolición. Y si nos quedamos solo con el gesto de la princesa Isabel, que firmó la ley, perdemos de vista a quienes ya habían conquistado espacios de libertad. Los quilombos, comunidades formadas, entre otros, por personas que habían escapado de la esclavitud, conservan esa memoria. Sus descendientes recuerdan que la historia de la abolición también se escribe desde la perspectiva de quienes resistieron.
Esa presencia africana se reconoce en expresiones culturales como la capoeira, que combina lucha, danza y música, y también se refleja en las estadísticas oficiales. En el censo de 2022, el 10,2 % de la población se declaró preta, es decir, negra, y el 45,3 % se identificó como parda, una categoría asociada al mestizaje. En conjunto, ambas categorías representan el 55,5 % de la población. Las cifras se basan en cómo se identifica cada persona.
Otro dato ayuda a entender el lugar que estos grupos, mayoritarios en conjunto, ocupan en la economía. En 2024, sus trabajadores ganaban en promedio 15 reales brasileños por hora (unos 2,72 dólares estadounidenses), frente a los 24,6 reales (unos 4,47 dólares) de los trabajadores blancos. Esta brecha plantea a la política africana de Lula una exigencia interna: reconocer el legado africano y, al mismo tiempo, combatir las desigualdades que afectan a sus descendientes.
El 19 de mayo de 2025, ante ministros africanos de Agricultura reunidos en Brasilia, Lula afirmó que África formaba parte de Brasil y que su país debía sentirse orgulloso de reconocerse también como parte de África. En boca del jefe de Estado, la declaración adquiere el peso de un compromiso. Ya en 2003, al comienzo de su primer mandato, una ley estableció la enseñanza obligatoria de la historia y la cultura afrobrasileñas en las escuelas. En 2005, en la isla de Gorée, en Senegal, Lula pidió perdón por el sufrimiento causado por la esclavitud. El gesto tuvo su fuerza. La decisión de dar espacio a esa historia en las aulas tuvo otro alcance: incorporó ese legado al relato que se transmite a los niños del país.
Sería un error, sin embargo, atribuir a Lula el origen de la política africana de Brasil. El 11 de noviembre de 1975, en plena Guerra Fría, Brasil, entonces bajo un régimen militar, fue el primer país en reconocer la independencia de Angola. En 1986, impulsó en la ONU la creación de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. Estos dos hitos muestran lo que una historia compartida no basta para explicar. Brasilia tiene intereses en la otra orilla. La seguridad marítima y la búsqueda de socios en los foros internacionales dan a esta relación una lógica que va más allá de las afinidades culturales.
«Brasil quiere crecer con África, sin dictarle a nadie el camino que debe seguir», declaró Lula el 17 de febrero de 2024, en la apertura de la cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba. El presidente brasileño habló allí de becas universitarias, salud pública y monitoreo de la deforestación. También abogó por escaños permanentes para África y América Latina en el Consejo de Seguridad.
Esa cooperación ya ha dado resultados concretos. En Mozambique, una fábrica pública de medicamentos entró en funcionamiento en 2012 con el apoyo de Brasil y de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). Fruto de una cooperación iniciada en 2003, la planta ilustra una ambición que va más allá de la entrega de productos: transmitir conocimientos y desarrollar capacidad de producción local. Es ahí donde la promesa de una asociación puede tomar una forma duradera.
Brasil busca aliados para influir en las reglas internacionales y hace bien en decir abiertamente qué espera de este acercamiento. La reciprocidad se medirá por la capacidad de los Estados africanos de hacer valer sus propias prioridades, incluso al decidir qué proyectos llevar adelante y cómo financiarlos.
A Lula se lo juzgará en ambas orillas del Atlántico. Tanto en Luanda como en Dakar, se contarán los proyectos que hayan sobrevivido a las visitas oficiales y las declaraciones de intención. En Brasil, el balance también se hará en las universidades, en los recibos de sueldo y en los espacios de poder. ¿Será más fácil rendir homenaje a quienes fueron obligados a desembarcar en Río de Janeiro que dar a sus descendientes el lugar que les corresponde?
SG/RT/APA

